CHAU MACRI !!! CHAU PRO!!!

Con el transcurso del tiempo, los hechos y la agitación mediática, en las elecciones legislativas de octubre de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires triunfó Mauricio Macri, de Propuesta Republicana (PRO), y más tarde fue suspendido y finalmente destituido, por un discutido juicio político, el jefe de Gobierno de la Ciudad.

Macri es un empresario de centroderecha cuya familia ha estado ligada a los negocios y reformas iniciadas en los años setenta. Es imposible dejar de señalar que las siglas PRO, que se pusieron de moda durante la campaña por las elecciones de 2005, coinciden extrañamente con los dichos de un dictador argentino:
Ese ser argentino, basado en madurez y en sentido de unidad, permitirá inspirar para elevarnos por encima de la miseria que la antinomia nos ha planteado, para dejar, de una vez por todas, ese ser anti y ser, de una vez, por todas, PRO: pro-argentinos.
(Jorge Rafael Videla, discurso del 25 de mayo de 1976).


La situación a primera vista parece incomprensible: la ciudad que en 2001 se transformaba en el emblema de la lucha contra el neoliberalismo, cuatro años después, votaba masivamente a uno de sus representantes más sólidos. El candidato ganaba en todos los extremos geográficos y socioeconómicos de la ciudad, no sólo en los barrios más acomodados sino también en los más pobres, con diferencias sobre sus rivales que oscilaron entre los 4 y los 36 puntos (Clarín, 24 de octubre de 2005).
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La situación sólo puede leerse adentrándose en los diversos pliegues de la memoria histórica. El candidato de derecha basó su campaña en desplegar el significante flotante “inseguridad” en multiplicidad de significados: desde las calles rotas hasta los asesinatos por secuestros extorsivos. Con ello, sutilmente volvió a colocarse en el lugar de la promesa del retorno a la mítica comunidad perdida. Poco después de ganar las legislativas, los parlamentarios del PRO, apoyados de modo acrítico por otros de centroizquierda, colonizarían el dolor por la masacre de Cromañón, y votarían en equívocas circunstancias el juicio político al jefe de Gobierno de la Ciudad. No se trata aquí de analizar las bondades o maldades del jefe de Gobierno o de sus opositores, sino de pensar estrategias políticas. Se ha sostenido en los primeros capítulos de este trabajo que la estructura del orden social capitalista supone un desequilibrio fundamental que no puede resolverse dentro del sistema. Esto es asumido hoy como inevitable, y se proponen medidas como la accountability social. Ahora se trata de pensar cómo esa estrategia se constituye en una nueva manera de sostener esa desarmonía, al mismo tiempo que intenta sofocarla evocando el espectro ideológico de la “participación”. Se trata de una nueva manera de obturar la vieja cuestión social.
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La nueva reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires abolía el Código de Convivencia que había regido desde marzo de 1998. Este había sido fuertemente criticado por los funcionarios policiales, quienes sostenían que les ataba las manos, pues anulaba la figura del “merodeo”, y de ese modo “les hacía difícil trabajar”. El Código de Convivencia urbano también había sido criticado por nutridos grupos de vecinos, quienes habían organizado reiteradas marchas solicitando su abolición. El argumento que esgrimían se centraba fundamentalmente en que no penaba la prostitución en espacios públicos.
Por el contrario, los detractores del viejo Código sostenían que había posibilitado “abusivos edictos policiales que sirvieron para enriquecer a muchos”. Efectivamente, nutrida bibliografía y documentación muestran que desde fines de siglo XIX grupos ligados al poder político y a la policía habían amasado fortunas tanto en Buenos Aires como en Rosario, utilizando la figura de la “contravención”, aplicada entre otros a prostitutas, vendedores ambulantes, apostadores o rateros, supuestos o reales, y a todo aquel que en las calles, por su “aspecto”, se tornase sospechoso para la policía. Los “edictos” eran reglamentos dictados y juzgados por el jefe de la Policía Federal; ellos sancionaban conductas que a criterio del policía pudieran resultar peligrosas, o que atentaran contra la moral y las buenas costumbres. En ellos se encontraban previstas desde “actitudes sospechosas”, hasta las más insólitas, como “orinar
en la vía publica sin ser visto por terceros y en forma reparada”.
Los 122 artículos del nuevo Código fueron votados uno por uno durante el año 2004 en medio de polémicas. Las diatribas hicieron blanco en el jefe de la oposición, Mauricio Macri –impulsor de la reforma– y en el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra –quien tras varios escarceos había llegado a un acuerdo con su adversario. A ellos se los acusó por igual de “criminalizar la pobreza”.
El rechazo al nuevo Código llegó a su ápice cuando el 16 de julio de 2004 un grupo de vendedores ambulantes y travestis hicieron una protesta frente a la Legislatura que culminó con destrozos, ocho policías heridos, y veintitrés manifestantes presos. Todos los consultados que participaron de la protesta contra la reforma del Código Contravencional afirmaron que su acción se había reducido a tocar el bombo y cantar frente a la Casa de Gobierno porteña; también concordaron en describir a un grupo de sospechosos. Se trataba, según los relatos, de unos cuarenta hombres que se sumaron a la multitud con la cara tapada y que, en los momentos clave, se comunicaban con handies con el interior del edificio. También denunciaron al encargado de la seguridad de la puerta de la Legislatura, conocido como uno de los jefes de la barra brava del club Boca Juniors, el equipo de fútbol que presidía el impulsor del nuevo Código, Mauricio Macri. Esta situación es parecida a varias observadas en algunas marchas por Cromañón. Muchos de los que resultaron encarcelados eran vendedores ambulantes que ocasionalmente estaban en el lugar. Quince de ellos fueron procesados por “coacción agravada e incitación a la violencia pública contra las instituciones”, figura que podía significar una pena de cinco a quince años de prisión. Estuvieron presos y sin condena durante más de un año, hasta que los reclamos a partir de los hechos de Cromañón impulsaron un cambio de calificación que posibilitó su excarcelación.
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Cromañón comenzó a sacar a la luz algo que la operación mediática blumberguiana había ocultado: la angustia flotante en la población raya con la desesperación, pero no hay un referente único que pueda canalizarla; la angustia no se plasmó en una resistenciaorganizada de manera monolítica.
Al compás de las marchas, los grupos políticos opositores increparon, al jefe de Gobierno porteño y analizaron los hechos en términos puramente individuales. Tal era el caso de Mauricio Macri, el empresario y líder político, que había apoyado las iniciativas blumberguianas de “mano dura”; él reactivó el discurso en el cual la decisión política se presenta como intervención moral, diciendo que es función del Poder Ejecutivo porteño “sacar a la población de la angustia”. De este modo interpelaba
a analizar los actos de gobierno en términos psicológicos y morales. Sostenido en esta interpelación, su grupo, aliado tácticamente a todo el arco opositor, comenzó a impulsar el juicio político al jefe de Gobierno.
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El objetivo que aparentaba ser común a todos los presentes era apoyar el juicio político al jefe de Gobierno porteño. A la reunión, convocada por un grupo de padres de las víctimas, concurrieron los más destacados representantes de partidos políticos desde la derecha hasta la izquierda que pocos meses antes había sido expulsada de las marchas. Desde el escenario, el único orador fue Iglesias, quien agradeció con vehemencia la presencia de todos los políticos y de representantes de organismos de derechos humanos. Su discurso fue claro; expresaba de manera impecable –sabiéndolo o no– el núcleo mismo de la accountability social: “No pedimos el linchamiento de Ibarra, pedimos el juicio político con todas las garantías que para su desarrollo
estatuye la Constitución”, dijo. “Lo que pedimos es que se haga justicia, no sólo penal, sino también política, porque la ausencia de justicia política ha hecho que la sociedad traslade todas las demandas de justicia al Poder Judicial, y los políticos tienen que hacerse cargo a la hora de condenar a los funcionarios corruptos. Lo que nosotros les pedimos a todos es que les den prioridad a las razones y no a las conveniencias políticas. Recuerden que un funcionario, y máxime si es jefe de Gobierno, puede no
tener responsabilidad patrimonial, puede no tener responsabilidad penal, pero siempre tendrá responsabilidad política”, finalizó. Pero la accountability social tomó, más allá de las mejores intenciones, un claro signo electoral, pues ocupó el espacio central en la campaña por la elección de legisladores de Buenos Aires en la que finalmente triunfaría en octubre Mauricio Macri, el candidato mimado de los grupos más concentrados del poder. La misma ciudad que cuatro años antes expulsaba al modelo neoliberal, ahora elegía a uno de sus más conspicuos representantes. La estrategia estuvo centrada en la promesa de seguridad: la masacre de Cromañón fue la amenaza presentada constantemente a la ciudadanía